Sin Maíz No Hay País: rechazo al Acuerdo de Asociación Transpacífico
El Acuerdo Trans Pacífico (ATP) es una traición a México y a los intereses de la mayoría
“En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial.”
B. Obama, octubre de 2015
Después de varios años de negociaciones secretas funcionarios de 12 países ubicados en el Océano Pacífico, entre ellos México, anunciaron el pasado 5 de octubre haber terminado el borrador de del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (ATP). Si bien se habla de un “Acuerdo en principio”, en nuestro país se dio a conocer como “negociación final”.
El texto del Acuerdo se ocultó a lo largo de los meses de negociación. Sin embargo, la presión mundial obligó a los gobiernos a dar a conocer parte de los textos pero siguen escondiendo Cartas y Acuerdos paralelos. La experiencia demuestra que se han realizado compromisos básicos de última hora en los acuerdos paralelos al texto principal.
El ATP es un mega-tratado de comercio internacional que pretende alcanzar metas que el capital transnacional ha perseguido desde la década de los ochenta del siglo pasado, buscando la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del propio capital transnacional. Se trata del compromiso vinculante del gobierno signatario de abdicar a la responsabilidad de regular la economía conforme el interés público, dejándolo al interés de las empresas transnacionales, bajo el dogma de la competencia y el llamado libre mercado.
Este Acuerdo busca una regulación global fuera del alcance de las legislaturas y parlamentos nacionales. Se profundizan y globalizan las reglas del comercio que priorizan los intereses del capital transnacional antes que los de los pueblos y la naturaleza. Los derechos humanos constitucionales quedan supeditados a los tratados comerciales.
A escala global han desatado una campaña mediática sobre los supuestos beneficios que traerá lo que sólo ellos saben que negociaron, y nos piden que les creamos a ojos cerrados como hace 20 años con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). La propaganda gubernamental-transnacional nos quiere volver a vender la ilusión de supuestas ventajas para el comercio, la economía, e incluso para el medio ambiente y para los derechos de los trabajadores, pero nos vuelve a esconder la evaluación real de las desventajas, de los posibles impactos sobre la soberanía del pueblo.
Hoy, conocemos los desastrosos resultados que el TLCAN ha tenido en nuestro país: en estos años ha crecido el hambre en México, la obesidad se ha incrementado y se ha obligado a migrar a millones de mexicanos. Veinte años de TLCAN nos han mostrado que las cifras del comercio pueden crecer, aunque los beneficios sean para las empresas transnacionales y la minoría de la población.
El análisis detallado del texto de más de 6,100 páginas llevará algún tiempo, pero ya se pueden apuntar varios impactos adversos para México que nos llevan a exigir la no ratificación del Acuerdo por el Senado de la República. Las amenazas concretas a las garantías constitucionales y a los derechos humanos integrales por las que rechazamos el ATP son:
1. Se profundiza la apertura comercial en el sector agroalimentario, agravando los impactos destructivos del TLCAN contra el sector: importaciones libres de café robusta y arroz de Vietnam, lácteos y manzanas de Nueva Zelanda, trigo y cárnicos de Australia, entre otros.
2. Se abre la puerta a los productos transgénicos, cuando en el país la Suprema Corte y el Poder judicial han mantenido la suspensión de siembra de maíz y soya transgénica, bajo el argumento de la contaminación transgénica de nuestros maíces y la falta de consulta a las comunidades indígenas. (Capítulos 7 y 2 Trato nacional y acceso de bienes al mercado, Artículo 2.29)
3. Se anularía el privilegio que tienen los campesinos e investigadores para el intercambio y manejo de las semillas de los cultivos agrícolas al establecer el compromiso de adherirse obligatoriamente a otros tratados, como el Acta UPOV 1991, sin que hayan sido aprobados nacionalmente, atentando contra la biodiversidad del país y la soberanía alimentaria (Capítulo de Propiedad Intelectual: 18, Artículo 18.7, inciso 2d de Tratados Internacionales).
4. Se generaliza la “apertura” en varios capítulos, o la privatización enmascarada de los servicios públicos como agua, salud, educación, para dejarlos en manos del criterio de ganancia de los dueños de las empresas. Llegando a establecer el mecanismo generalizado de derecho de las empresas transnacionales a demandar en tribunales supranacionales a los gobiernos (conocido como de controversia inversionista-Estado), cuando éstos regulen con criterios de protección de los derechos humanos –agua, salud, educación protección del medio ambiente, libertad de expresión, entre otros, y con ello “afecten” incluso las “futuras” ganancias que las empresas pretenden obtener con sus actividades desreguladas (Capítulo 28 del texto oficial). Esta pretensión ha sido denunciada por expertos jurídicos independientes ante la Asamblea de las Naciones Unidas, como abiertamente violatoria de los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos, que han ratificado los diferentes instrumentos de defensa y promoción de los derechos humanos.
5. Se mantendría la violación en México a los compromisos internacionales de derechos laborales y derechos humanos, por la falta de Carta Paralela de compromisos de Reforma Laboral entre Estados Unidos y México, como lo hicieron Vietnam, Brunei y Malasia.
El cambio climático ni siquiera es considerado en el proyecto, a pesar de que representa la más importante amenaza ambiental del siglo 21, y puede tener fuertes implicaciones para las normas del comercio en el futuro.
Los abajo firmantes rechazamos este Acuerdo y advertimos de la traición que están perpetrando el equipo de negociadores por parte de México encabezado por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien, como su homónimo Jesús María Guajardo, engañó al General Emiliano Zapata en 1919 para asesinarlo de manera artera en la Hacienda de Chinameca; nos está engañando bajo las ordenes del Presidente Peña Nieto quien con sus afanes entreguistas pretende privatizar México y sustituirlo por una colonia de las empresas transnacionales.
Asimismo, es muy posible que los 128 miembros del Senado se unan a esta traición y nos demuestren, una vez más, su falta de compromiso con quienes los eligieron y su trabajo a favor de intereses particulares. Convocamos a las y los Senadores que demuestren que no son sólo un puñado de políticos mediocres a quienes no les interesa debatir los asuntos de la Nación: los conminamos a encabezar este debate nacional.
Exigimos que se libere el texto negociado INTEGRAL (incluyendo las Cartas y Acuerdos paralelos), y que se realice una amplia DISCUSIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA sobre el rumbo económico que deberá seguir nuestro país en esta época de terrible incertidumbre económica internacional que inició con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y que se profundizará de ratificarse el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (ATP), el Acta UPOV 1991 y otros tratados que están en la agenda del gobierno federal aún sin consultar a la población.
México es una nación pluricultural sustentada en la historia milenaria de los pueblos originarios, y como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una obligación del Estado consultar a los pueblos indígenas antes de la ejecución de políticas de desarrollo, por lo que un acuerdo de libre comercio como el ATP, en que se compromete el derecho de los pueblos al desarrollo, al comercio, las semillas nativas, la agrobiodiversidad y el medio ambiente, requiere ser consultado previamente con los pueblos originarios.
Los derechos de los pueblos están en un rango superior a los derechos de las empresas transnacionales a dictar sus políticas de comercio y establecer tribunales privados para dirimir controversias laborales, comerciales o ambientales.
México no puede permitir que sus instituciones sean supeditadas a los intereses de las empresas transnacionales.
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2015.
Campaña Nacional Sin maíz no hay país
